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Alberto Fernández reclama retirar del Plan de Vivienda de Colau el dar derecho a la ocupación ilegal de viviendas sociales

Alberto Fernández, presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, reclama retirar del Plan de Vivienda de Colau el dar derecho a la ocupación ilegal de viviendas sociales.

Alberto Fernández pedirá en la próxima Comisión de Derechos Sociales la modificación del Plan de Vivienda 2016-2025 de Ada Colau que fue aprobado en el Pleno Municipal con los votos de Grup Demòcrata y Ciudadanos, para dejar sin efecto todas las referencias a la mediación en desahucios de okupas y apoyo a la ocupación ilegal como demuestra este extracto del Plan:

 

“…en algunos casos,  negociar con los propietarios de viviendas ocupadas para regularizar la situación…”

 

“…impulsar un plan de intervención en las ocupaciones a precario que permita actuar de manera diferenciada antes las diferentes situaciones: ocupaciones que generan más molestias a la comunidad, ocupaciones como resultado de estafa, ocupaciones con presencia de mafias, etc…”

 

El presidente del grupo Popular ha alertado de este plan de vivienda de Ada Colau “regulariza la ocupación ilegal de pisos públicos, menospreciando a todas aquellas personas y familias que tienen la necesidad de acceder a una vivienda y no por eso infringen la ley ocupando un piso”.  

 

Asimismo, en la misma propuesta, que el grupo Popular defenderá en comisión, reclama también la modificación del Reglamento de adjudicación de viviendas de emergencia social aprobado por el Consorcio de Vivienda que también va en esta línea.

 

El presidente Popular ha explicado que las políticas de vivienda de Colau suponen “un agravio para todas las familias que tienen una necesidad social como es el acceso a la vivienda, y presentan su solicitud en el Ayuntamiento de Barcelona y ven como los que pegan una patada en la puerta y se quedan un piso público pasan por delante de quienes esperan legalmente poder acceder a estas viviendas”.

 

Finalmente, Fernández ha denunciado que “estas políticas equivocadas en materia de vivienda pueden provocar un efecto llamada, ya que todas aquella persona que consideren que tienen derecho a un piso público, ya no hará falta que se dirijan al registro de solicitantes como el resto de barceloneses que tiene esa necesidad, tan solo será necesario ocupar ilegalmente el inmueble y el Ayuntamiento ya se encargará de regular tu situación”.